Naucalpan enfrenta un nuevo desafío en el ámbito de la ciberseguridad con la aparición del “Montadeudas”, una estafa digital que opera a través de aplicaciones de préstamos exprés. Esta modalidad, que afecta a diversos puntos de la República Mexicana, se caracteriza por ofrecer créditos fáciles, incluso a personas sin historial crediticio o comprobantes de ingresos. Sin embargo, estas facilidades esconden un peligroso acceso a información personal y contactos.
El modo de operación de estas plataformas permite a los estafadores acceder a datos sensibles almacenados en los dispositivos de los usuarios, incluyendo mensajes, redes sociales, fotografías y correos electrónicos. Posteriormente, utilizan esta información para extorsionar a los deudores, exigiendo pagos anticipados y utilizando tácticas de acoso y amenazas. Incluso, los contactos de los deudores no están a salvo, ya que son abordados por los delincuentes bajo la pretensión de que son avales o responsables del préstamo.
Entre las empresas identificadas que participan en esta práctica se encuentran Solcredito, Tala Dinero, Okredito y Crédito Loan. Para evitar caer en estas estafas, es fundamental que los ciudadanos verifiquen la legalidad y el registro de las empresas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros antes de solicitar un préstamo. Además, es crucial leer detenidamente los términos y condiciones, así como la política de privacidad antes de descargar cualquier aplicación.
La Unidad de Prevención de Delitos Cibernéticos de Naucalpan insta a los ciudadanos a mantenerse alerta y a guardar toda evidencia en caso de ser víctimas de este tipo de estafas, como chats, correos, capturas de pantalla y cualquier otro material relevante para futuras investigaciones. Ante cualquier duda o para reportar situaciones sospechosas, los ciudadanos pueden contactar a la Unidad de Prevención de Delitos Cibernéticos al 55-53-71-83-00 Ext. 2256 o enviar un correo a ciberdelitos@naucalpan.gob.mx.
Este fenómeno subraya la importancia de la concienciación y la educación en materia de seguridad digital, así como la necesidad de una acción coordinada para proteger a los ciudadanos de estas prácticas fraudulentas que pueden tener graves consecuencias financieras y personales.